El Blog de Federico Trillo

Una obligación esencial del Estado es garantizar a los ciudadanos la seguridad necesaria para la convivencia en paz. A veces, ante la confusión generalizada, hay que reafirmar obviedades como esta. Desde los orígenes de la organización política más remota hasta los más recientes estudios de la Universidad de Harvard reafirman el carácter primario de la seguridad como función del poder público. Sin seguridad, no hay orden social, no hay libertad, no hay propiedad y ni siquiera se garantiza el derecho a la vida o a la integridad personal.

En el Estado español, la seguridad es una competencia del Gobierno de la nación. Las autonomías pueden reforzarla o complementarla con sus políticas autonómicas, y los ayuntamientos con las policías locales. Pero la presencia del Estado hasta el último rincón del territorio nacional, la garantiza de la seguridad igual para cualquier ciudadano, es una competencia indeclinable del gobierno de la nación.

En Alicante hemos crecido casi medio millón de habitantes en los últimos cuatro años. En consecuencia, un Estado que se precie, debiera haber reforzado en un 30% las plantillas de Policía Nacional y de Guardia Civil, y construido las correspondientes comisarías y Casas Cuartel. Si añaden las nuevas formas de delincuencia-criminalidad organizada, mafias, etc., la apuesta por la seguridad en Alicante tendría que haber sido aún mayor. Y ha ocurrido exactamente lo contrario. Los alcaldes del Partido Popular de Villena, de Torrevieja y de Almoradí, entre otros, han ofertado los terrenos e incluso la financiación de la construcción de las instalaciones y han obtenido la callada y el silencio por respuesta. Un gobierno que hace dejación de la seguridad de nuestros ciudadanos, no puede merecer ninguna confianza. El Partido Popular ha comprometido en su programa nuevas dotaciones e infraestructuras y equipos especializados para la seguridad. En este punto, nosotros no tenemos que demostrar nada, pero sí exigir.

El ruido y la furia desatados por el debate sobre el reparto del agua en España, ha ocultado un elemento esencial, a saber: el agua, como recurso natural y fuente de vida, es un derecho primario de cualquier español. Parece mentira que en pleno siglo XXI en una sociedad democrática avanzada, y en un Estado que se proclama del bienestar, tenga que recordarse algo tan elemental. Todos tienen derecho al agua. En una nación que se precie, ese recurso natural es un recurso nacional, que debe distribuir el gobierno entre aquellos a quienes les sobra y aquellos a quienes les falta.

Ese fue el planteamiento del Plan Hidrológico Nacional impulsado por el Gobierno del Partido Popular. Y la falta de esa consideración nacional y de esa estimación del derecho de todos es lo que explica el debate actual, provocado por un Gobierno que carece de una idea de la nación y de sus recursos esenciales y de la justa distribución entre sus ciudadanos. Si ZP considera que la nación es un concepto discutido y discutible, es lógico que no entienda esto y supedite su política del agua al dictado de los grupos radicales nacionalistas que, de suyo, rechazan cualquier elemento de solidaridad entre los españoles, incluida la idea misma de nación.

Las obras de los regadíos de Aragón, son una deuda histórica, que también trataba de solventar el Plan hidrológico. Los socialistas, tras cuatro años de no hacer nada, tratan ahora de confundir y enfrentar el derecho al agua de los aragoneses con el mismo derecho de los valencianos, murcianos o almerienses. Son plenamente compatibles, y un Gobierno tiene que garantizar la compatibilidad y simultaneidad de usos y aprovechamientos. Eso lo ha dejado estos días bien claro Mariano Rajoy, tanto en Valencia como en Murcia o en Zaragoza. Necesitamos el agua en Alicante, y en toda España , un Gobierno de la Nación que merezca tal nombre, que crea en los derechos de todos los españoles como ciudadanos libres e iguales, también para el agua.