La súbita muerte del Magistrado del Tribunal Constitucional Roberto García Calvo, ha conmocionado al mundo jurídico y político en la última semana. No pretendo aquí hacer un obituario más de quien por su brillante trayectoria profesional, como fiscal y juez, ha merecido el reconocimiento de cuantos tuvieron el honor de conocerle, y aún de discrepar con él. Su prematura desaparición, a los 65 años, trasciende a los sentimientos necrológicos habituales para abrir una profunda sima en el Tribunal Constitucional, que tiene pendientes sentencias tan importantes como la que ha de resolver nuestro recurso contra el Estatuto catalán. García Calvo se había posicionado internamente en contra de este disparate constitucional y había sido, por ello, objeto en los últimos dos años de una irracional campaña que llevó a su recusación frustrada y a intentos mediáticos de presentarlo como un fanático facha capaz de amenazar a un conductor pistola en mano. Todo ello porque su posición era la que permitía formar una mayoría – de seis a cinco – contraria al tan debatido Estatuto. Al desaparecer García Calvo, la recomposición de fuerzas, ya igualadas, permitiría a la presidenta del tribunal del TC – a cuya prórroga también se opuso García Calvo -, ejercer el voto de calidad y decidir ante el eventual empate.
García Calvo murió hace una semana de un brutal ataque al corazón, cuando se encontraba solo en su casa de campo, redactando un voto particular. Tan fulminante crisis cardiaca tan sólo puede explicarse por el terrible sufrimiento acumulado por la campaña orquestada contra él en los últimos años. Por eso, adquiere especial relevancia el informe que acaba de publicar la revista Época y en el que se desvela que el más sórdido capítulo de esa campaña – la presunta amenaza con una pistola a un conductor – era un montaje en el que podría estar implicado el Centro Nacional de Inteligencia. El Gobierno tiene el deber de aclarar hasta el último detalle de este episodio para reestablecer la dignidad de García Calvo que es, en este caso, la dignidad del Estado.




